En un escenario donde no existe negociación en igualdad de condiciones entre comunidades y empresas mineras, surge el planteamiento de Hernando de Soto, medida que permitiría que ciudadanos de áreas de influencia de proyectos extractivos accedan al capital como una medida de retribución por sus tierras en el contexto global.
El problema de fondo surge cuando es el Estado quien tiene la propiedad del subsuelo y, bajo el supuesto de que su superficie es propiedad de los peruanos quienes la habitan, otorga la propiedad de los minerales del subsuelo a las empresas extractivas junto con el derecho de utilizarlos para financiarse y trabajarlos a gran escala.
En ese contexto, lo que se busca es innovar en los mecanismos de mercado. La solución que propone Hernando de Soto se basa en el análisis de que en primer lugar las tierras de las comunidades se compran en tarifas y precios nacionales, mientras que los acuerdos internacionales son los que rigen los precios de los minerales que se extraen. Esta fuente de desigualdad a lo que de Soto denomina el “paradigma de la separación física”; radica en que existe un derecho distinto para la superficie y otro para el subsuelo, donde los primeros se rigen con títulos informales y los segundos con títulos formales los cuales son conectados con la economía global.
Para dar solución a esta dicotomía, se plantea que los títulos superficiales no sean solo certificados de posesión de alguien sobre la tierra sino que cumplan una función de ser impulso inicial de una cadena de valor, como acontece en países más desarrollados donde las tierras con minerales en su subsuelo adquieren mucho más valor y están descritos en documentos normativos y contractuales. Para ello de Soto, ya en el año 2019 indicaba otorgar 16 paquetes de acreditación a los propietarios superficiales, lo que representaría su ingreso al mercado de capitales. En otras palabras, el objetivo es que los dueños informales de la superficie del Perú tengan los mismos derechos que tienen sus similares en los países desarrollados.
Así, las comunidades con proyectos extractivos ya no solamente recibirían un pago por compra de terreno, sino que su tierra pasaría a ser documentada y valorada internacionalmente, permitiendo que los dueños de la superficie negocien, se vuelvan más autónomos, se globalicen y empoderen.
Frente a toda esta alternativa, surgen varios cuestionamientos, uno de ellos es que si las empresas mineras estarían dispuestas a afrontar ese cambio, puesto que actualmente les es más fácil negociar con un actor débil que con un actor empoderado. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los tratados firmados por el gobierno y las leyes del Perú indican que todos los peruanos tenemos derecho a capitalizar nuestros activos y poder gozar de los beneficios de los tratados internacionales, y por supuesto ello incluye a las comunidades.
Sin duda Hernando de Soto tiene la solución para desbloquear proyectos y busca empoderar a los menos favorecidos. Estas medidas de solución pacífica de los conflictos sumarían a 143 mil nuevos puestos de trabajo y más de 27 millones de dólares en ingresos para el Perú en los próximos dos años. Algo que nuestro país precisa ya.
Heidi Paredes Cueva
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