Un estudio realizado por la CAF, “Impacto económico de la falta e inadecuada calidad del agua potable y del saneamiento: Informe Perú” (Zapata, M. 2018), estimó que el impacto económico para el país, de no contar con servicios adecuados, de calidad y sostenibles de agua potable y saneamiento alcanza el 2.98% del Producto Interno Bruto, impacto medido desde la salud de las personas, en los recursos hídricos, el tiempo que se pierde en el acarreo y finalmente sobre el sector turismo.

A pesar de estas evidencias, el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026 (PNS 2026), registra importantes brechas para el acceso a estos servicios, con una clara desigualdad entre lo urbano y lo rural; a continuación algunos datos: para el año 2020 tenía acceso a los servicios de agua potable el 91.2% de la población urbana y el 77.6% de la rural, mientras que el acceso a servicios de saneamiento tenía cobertura del 76.8% del poblador urbano frente al 30.2% para el rural; brechas y abismos similares en la calidad del agua para consumo humano o también con relación al tratamiento de las aguas residuales recolectadas, entre otros muchos indicadores.

Para este cierre de brechas el PNS 2026, propone un escenario intermedio (Escenario 3) para avanzar con el acceso sostenible y de calidad al agua y saneamiento entre los años 2026 y 2040, con una inversión promedio anual de S/ 7 mil millones. A este respecto, el presupuesto público promedio anual en la División Funcional Saneamiento (040), asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas durante los últimos diez años (2013 – 2022), para los tres niveles de gobierno y toda fuente estuvo alrededor de los S/ 5.8 mil millones, lamentablemente a lo largo de esa década no se ejecutó el 38.12% de esa asignación sumando para ese período S/ 22.2 mil millones (unos argumentan las deficiencias en el sistema de contrataciones del estado y otros por la corrupción), ante la urgencia de la necesidad de estos servicios básicos (Derechos humanos), claramente aquello califica como una ineficiencia en la gestión pública y que además, involucra a los tres niveles de gobierno, problema estructural en el país.

Ante esta realidad, se tiene la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado, dando origen al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), una modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública desde la empresa privada y que le permite financiar, ejecutar y/o proponer proyectos donde la inversión que realice va a cuenta de su impuesto a la renta y que será pagada a través de Certificados Valorados; además, la optimización de este mecanismo de OxI forma parte de una de las tres medidas de política económica para impulsar el crecimiento de la actividad económica en esta etapa post pandemia, constituyéndose en una alternativa efectiva que además contribuye con multiplicadores fiscales más altos.

Este mecanismo tiene cuatro fases claramente establecidas y perfeccionadas a lo largo de estos años: I) Priorización, momento en el que se verifica la capacidad presupuestal o acreditación de los recursos, además de la identificación del proyecto de inversión pública; II) Los actos previos, cuando se elaboran las bases y va el informe previo emito por la Contraloría General de la República; III) El proceso de selección de la empresa financiadora y de la supervisora (en paralelo); y IV) La ejecución del proyecto, la operación y mantenimiento y emisión de los certificados (CIPRL/CIPGN).

Los beneficios se pueden resumir, a nivel de cada actor involucrado: para la sociedad este mecanismo contribuye a reducir la corrupción y pronto disfrute del servicio público implementado, de calidad y sostenible; para las entidades de gobierno permite la ejecución de proyectos de inversión y actividades de operación y mantenimiento de alto impacto, con calidad y en menor tiempo; finalmente para las empresas privadas, permite la identificación directa del uso de sus impuestos pagados.

El mecanismo de OxI establece periódicamente los Topes Máximos de Capacidad Anual a cada gobierno regional y local (y a las Universidades Públicas), que es el monto máximo que estos gobiernos pueden destinar a la ejecución de proyectos bajo esta modalidad; para el año 2022 en total sumó S/ 15.2 mil millones; sin embargo, para ese año las inversiones bajo esta modalidad en el sector agua y saneamiento apenas sumaron S/ 98.9 millones (en nueve proyectos), es decir el 0.65% (o el 2.72% si se considera a la totalidad de sectores) de aquel Tope Máximo, ejecutándose en apenas 5 regiones. Es interesante subrayar que el 72.5% de lo invertido en agua y saneamiento bajo esta modalidad durante ese año fue financiado por el sector minero, seguido por el de construcción y cementeras con el 16.0%.

Si la ejecución del presupuesto público en proyectos de inversión en agua y saneamiento, bajo el sistema de contrataciones del Estado, evidencia demoras en las etapas de selección y ejecución, entre otras deficiencias y, por otro lado, la modalidad de OxI permite su ejecución en menor tiempo y con mayor impacto social, reduciendo la corrupción, ¿Por qué tiene tan poca preferencia el mecanismo de Obras por Impuestos?, ¿Acaso hay rechazo por esta modalidad en el sector público y, de ser el caso, cuáles serían los motivos?, ¿Cuáles son los temores en el sector privado por la aplicación de este mecanismo?… y dejo de preguntar.

A modo de conclusión, ensayo algunas respuestas (donde la acción de PROINVERSIÓN es transversal en todas: a) Débil conocimiento del mecanismo OxI de parte de las entidades públicas y la empresa privada, b) En consecuencia, débil articulación entre estos dos actores: las empresas privadas con las entidades públicas y viceversa, c) Débil conocimiento, de parte de la población, sobre las bondades de este mecanismo, d) Ausencia de incentivos desde el MEF y del MIDIS – FED, a los gobiernos locales y regionales para la implementación de proyectos de agua y saneamiento (sea inversión como también operación y mantenimiento) bajo la modalidad de OxI.

En resumen, entre las razones más importantes, queda un gran reto para PROINVERSIÓN en la generación de las condiciones de suficiencia que permitan el real escalamiento a nivel nacional de la ejecución de proyectos de inversión pública, y las de operación y/o mantenimiento cuando corresponda, bajo la modalidad de Obras por Impuestos en los tres niveles de gobierno, así como la articulación entre los actores involucrados.

NOTA: Toda la información numérica fue extraída de fuentes oficiales: MVCS, MEF y PROINVERSIÓN.