La desesperante inercia con la que avanza nuestro país se refleja en algunos datos que resumen la penosa realidad; según el INEI, al 2022, el 11.7% de la población menor de cinco años calificó como Desnutrido Crónico Infantil y el 42.4% entre los 6 y 35 meses como anémica. Entre las múltiples consecuencias de estos lamentables indicadores están los resultados en educación, según la EM[1] en la comprensión lectora para el 2do de secundaria (tres años antes de egresar de la formación escolar) apenas el 19.1% califica como “satisfactorio” y en el caso de las matemáticas y en ciencia y tecnología esta calificación alcanza el 12.7% y 12.0%, respectivamente; estos datos para el ámbito rural caen a la tercera parte. Para cerrar con broche este párrafo, Contraloría General de la República estimó en S/ 24.4 mil millones el perjuicio económico de la corrupción en el país solo en el año 2022 (equivalente al 52.1% del presupuesto para gasto de capital del país para ese año), algo más de S/ 46 mil por minuto.

Esta breve estadística pone en cuestión la actuación del Estado ante la realidad de su territorio, calificándola como precaria o simplemente ausente. Entiendo por Estado a un constructo social que determina facultades en tres dimensiones de exactamente el mismo nivel de importancia y actuación en un territorio, denominados poderes: ejecutivo, judicial y legislativo; cada uno de ellos con entidades de gobierno (El Estado peruano tiene 3,084 entidades de gobierno[2] operando en el territorio) con funciones claramente establecidas (muchas de ellas transversales) y que tienen como propósito final lograr que la población alcance su bienestar con el pleno goce de sus derechos humanos; es decir, el Estado es un abstracto, con absoluto trasfondo ético, que se concretiza en sus actuaciones de gobierno con una motivación fundamental, y claramente antropocéntrica, que es alcanzar la justicia para cada uno de sus ciudadanos que lo conforman y lo definen.

Frente a este concepto, hace unos días, caminando por calles aledañas al mercado central en la ciudad de Cusco, miraba las veredas atestadas de transeúntes que invadían la pista por la falta de espacio para caminar porque también estaban sentados en esas veredas, contra la pared de las viviendas y de locales comerciales, comerciantes vendiendo sobre plásticos o encima de la misma vereda un sinfín de variopinta mercadería que iba desde pequeñas macetas con plantas, pasando por aretes, u otro “ambulante” ofreciendo medias o calcetines al otro lado, y detrás otra con caramelos, y le seguía el de los helados, entre otros productos; todos informales (no ilegales), viendo cómo “parar la olla” del día siguiente. En esta cuadra atomizada de ambulantes, compradores, algunos estibadores y transeúntes, hay tiendas comerciales “formales” desde plastiquerías, pasando por agroveterinarias y venta de celulares y más variedad. Sigo caminando y veo varios ingresos a pasajes y en su interior edificaciones a los que se accede a través de puertas metálicas, donde hay un mundo puramente comercial, de formalidad sospechosa, recovecos por doquier, escaleras hacia pisos superiores con ofertas hasta en las mismas escaleras de acceso, carteles de todo tipo, precios, movimiento, familias, compradores, ruido, música diversa según avances en tu recorrido, negocios y seguridad propia caminando por los pasadizos. Gran parte de ellos, sino todos, conforman aquella estadística mencionada en el primer párrafo y posiblemente sean consecuencia de la misma. Son microempresarios informales, esto es lo legal, lo que funciona, lo que les permite vivir en el día siguiente. ¿Y el Estado?, ¡no hay Estado!

Un Estado es justo por principio y razón de ser, al menos lo es por definición y constitución, pero cómo esperar que un Estado sea justo cuando los que ejercen el poder y las funciones, desde sus diversos órganos de gobierno, no necesariamente cumplen con este requisito natural; el solo hecho de la existencia de aquellas estadísticas del primer párrafo y la idea de Estado expresada líneas arriba, nos llevan al extremo de pensar en el surrealismo de la existencia de mundos paralelos, por un lado el de los que ejercen el poder político desde el Estado y por otro la realidad del día a día, esa cotidianeidad que vive el poblador de a pie, brevemente descrita en el párrafo previo. Estos dos mundos no tienen vasos comunicantes para el desarrollo y crecimiento, no hay lectura del primero respecto al segundo; de pronto, de haber alguna relación podría ser esa figura donde el primero parasita del segundo, el huésped. Entonces, ¿cómo esperar un Estado justo si los que se encargan de estas funciones no lo son o ignoran la realidad del territorio del cual tienen el encargo?, ¿cómo pretenderlo cuando la ignorancia o los intereses ajenos a lo público o al bien común los llevan con naturalidad por decisiones negligentes, con abundancia de omisiones, ajenas a la realidad ciudadana?

Una evidencia elemental (de las muchas) que ilustra ampliamente lo dicho está en el proceso de la añorada reforma universitaria que tuvo su origen en la Ley N° 30220, Ley Universitaria que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU, sin embargo al rato de promulgada, el Congreso de la República aprueba la Ley N° 31520, calificada como la contrarreforma universitaria, poniendo en evidente riesgo la calidad de la educación superior universitaria y el futuro de más de 7 millones de jóvenes peruanos, obviamente motivada por intereses personalísimos y por encima del bienestar común. Como colofón a este párrafo, dato del Banco Mundial[3] para el año 2022, confirma esta breve reflexión, el índice de Efectividad del Gobierno para el caso peruano alcanza el 35.38 mientras que el promedio en Latino América y el Caribe llega a 48.51 y para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 85.71. Es decir, estamos en el sótano mismo del subdesarrollo, entrampados por el mismo Estado que, además paradójicamente, pretende que el Perú, bajo estas condiciones, sea miembro de la OCDE. Que alguien me diga dónde está el Estado… ¡No hay Estado!

[1] MINEDU. Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) 2022.

[2] https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/lista-de-entidades-del-estado-peruano

[3] https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access