Por Heidi Paredes Cueva

Los conflictos sociales a nivel nacional  se mantienen en pleno estado de emergencia sanitaria y pocos de ellos se han abordado para una pronta solución. El último reporte de la Defensoría del Pueblo a mayo del presente año  informa 189 conflictos sociales  en el territorio nacional  de los cuales 138 son están activos y 51 latentes.

 

De todos los conflictos existentes a lo largo del territorio nacional, 121 son de competencia del gobierno nacional, 43 de competencia del gobierno regional, 17 de gobiernos locales. Del total de los conflictos registrados, lamentablemente 115 casos presentaron al menos un hecho de violencia  y solamente 49 se encuentran en etapa de diálogo. La violencia en todo conflicto se constituye como  la manifestación más destructiva del conflicto social y un período al que no se debe llegar pues no contribuye al restablecimiento del orden y la paz social. El estado de emergencia sanitaria y cuarentena ha dificultado que los  conflictos sociales se aborden con efectividad y prontitud.

 

Como es común en el histórico de conflictos sociales del país,  la mayoría de los casos son de tipo socio ambiental, es así que, a mayo del presente 128 conflictos eran socio ambientales, 9  comunales, 3 por demarcación territorial, entre otros. De todo este universo nacional, 20 se presentaron en la región Cusco (10,6%), de los cuales 14 se encuentran activos a  mayo del presente año.

 

 

Conflictos comunales activos

Cusco es la región con mayor número de conflictos junto a Ancash y seguido por las regiones de Loreto, Puno, Apurímac y Cajamarca. En nuestra región resalta también el surgimiento de  conflictos comunales por demarcación territorial. Un caso nuevo se dio el 25 de mayo, en la provincia de Chumbivilcas,  distrito de Chamaca y distrito de Omacha de la provincia de Paruro donde se produjo enfrentamiento  entre las comunidades de Ccacho Limamayo y Sawa Sawa por problemas limítrofes con un lamentable  resultado de 37 heridos y daños a la propiedad privada de los comuneros. Lamentablemente en este caso aún no se inició ningún proceso de diálogo que contribuya a la solución de la problemática.   

 

Caso similar se dio  en la vecina región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba con el lamentable saldo de 4 muertos en un enfrentamiento entre las comunidades de Qquello y Asacasi.

 

 

Para ambos casos los conflictos surgieron porque no se tienen claramente establecidos ni actualizados los límites territoriales entre comunidades los cuales  no coinciden con una comunidad y la otra.  A ello se suma que el estado de emergencia y la cuarentena no han contribuido a que   las mesas técnicas  y mesas de dialogo se instalen.

 

Mesas de diálogo postergadas

Más hacia el sur, en la provincia de Espinar surgió el  conflicto entorno a la demanda de la población a la empresa minera Antapaccay, donde se conformó un comité de lucha para  solicitar  la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades,  así como un bono de solidaridad y  que la empresa asuma la responsabilidad del traslado de personas con COVID-19,  entre otros.

 

Otros conflictos socio ambientales como los relacionados a las comunidades del área de influencia de la minera Hudbay , o relacionados a la empresa MMG Las Bambas respecto a la modificación del estudio de impacto ambiental, ambos  en la provincia de Chumbivilcas quedaron con una solución postergada dado el estado de emergencia sanitaria.

 

Así también se han presentado casos de conflictos sociales donde  aún no se ha iniciado un proceso de diálogo para  viabilizar una solución como es el caso de la demanda de los cultivadores de hoja de cosa de las cuencas de la Convención, Yanatile, Kosñipata – Paucartambo  quienes solicitan  incrementar el precio de la hoja de coca y la reorganización de la Empresa Nacional de la Coca S.A.,  el cual es un asunto que debe ser abordado por el gobierno nacional a la brevedad.

 

Los conflictos sociales pueden ser abordados mediante el diálogo y he ahí su importancia. Como vemos, la persistencia de conflictividad social es evidente, y  los conflictos surgen como una vía para que las demandas de la población sean escuchadas,  es por ello que estas demandas necesitan ser discutidas  en espacios de diálogo, pues es el principal instrumento de la gestión de los conflictos sociales.

 

El debate sobre los conflictos sociales y su relación con la actividad minera es persistente y lo seguirá siendo. Existen varios desafíos a solucionar en ese ámbito, sobre todo respecto a Estudios de Impacto Ambiental, minería  responsable  y sobre la propiedad de la tierra comunal. Sin embargo, no se puede negar su  efecto en la economía a través de la generación de divisas para nuestro país, la generación de empleo, la contribución al ingreso fiscal por impuestos.  Más aún, en este contexto de pandemia donde sin duda la reactivación económica precisará de fuentes de ingreso.   Así, los conflictos sociales necesitan  ser abordados a la brevedad y en esa línea  institucional,  continuar con el cierre de brechas sociales y económicas en las  poblaciones más alejadas y vulnerables de nuestro país.

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