La Batalla por la Paz es el título del último libro escrito por el ex presidente colombiano y premio nobel de la paz Juan Manuel Santos, donde detalla el esfuerzo que realizó durante toda su vida por disminuir los niveles de violencia de la sociedad colombiana azotada durante décadas por el terrorismo y el paramilitarismo; lucha que concluyó con la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el grupo terrorista más importante de aquel país las FARC.

Si bien este acuerdo político disminuyó considerablemente los niveles de violencia en este país, Colombia está aún lejos de alcanzar indicadores de una sociedad pacífica, el año 2019 terminó con más de 11000 homicidios y un ratio de 24 personas asesinadas por cada 100 000 habitantes. (El año 2012 el ratio estaba en 35 homicidios).

El Perú no está entre los países más violentos de América Latina dado que su ratio de homicidios fue de 7.8[1] por 100 000 habitantes para el año 2017, indicador que muestra un lento pero sostenido deterioro dado el 5.4 del año 2011, según el INEI. Es decir cada vez tenemos más homicidios en el país y nos alejamos peligrosamente del pelotón de países menos violentos como Canadá que sostiene un ratio de 1.6 homicidios.

El mismo indicador de violencia muestra para el Cusco 9.2 homicidios por 100 000 habitantes para el año 2017, superando el promedio nacional y ubicados en el noveno lugar a nivel nacional. Sin embargo, llama poderosamente la atención lo que sucede en La Convención con un ratio de 15.5 y peor aún lo que sucede en la vecina Tambopata, Madre de Dios con un ratio de 58.6 que lo coloca en niveles casi venezolanos y la convierte en la provincia más peligrosa del país, según reporta el INEI.

El logro efectivo del monopolio de la violencia de parte del Estado es una condición sine qua non para lograr una sociedad más pacífica que contribuya efectivamente en el bienestar de las personas; sin embargo, los problemas de microcorrupción policial afectan sistémicamente el respeto que los ciudadanos deben tener por la autoridad policial, a quienes popularmente se les considera como personas muy corruptibles, por eventos como el que reportó la prensa hace unos días donde un ciudadano perseguía a un uniformado que huía raudamente en plena vía pública acusado de haber solicitado y recibido una coima en efectivo.

La falta de respeto a la autoridad policial en nuestra sociedad es sistémica y sistemática y se evidencia casi a diario durante las intervenciones policiales donde prácticamente cualquier ciudadano puede agredir impunemente a los efectivos policiales; por lo cual urge abordar dos problemas específicos: a. la microcorrupción policial. b. El respeto por la autoridad policial. Si logramos disminuir el primero y elevar el segundo la Policía Nacional del Perú contribuirá efectivamente a disminuir los niveles de violencia en la solución de los conflictos.

La educación juega el papel más importante en la lucha contra la violencia dado que las personas debemos entender que la violencia no es un medio adecuado para resolver los conflictos y que deben ser resueltos por vías pacíficas entre ambas partes o con la ayuda de un tercero.

Un video bastante popular del filósofo español Antonio Escohotado indica que una sociedad rica no es aquella que acumula muchos diamantes y petróleo, sino aquella que tiene educación y que se expresa en el respeto ilimitado por los demás que tienen los ciudadanos en su actuar diario. Es evidente que la violencia es la peor falta de respecto de una persona hacia otra.

Los homicidios son la expresión más dramática de la violencia en la sociedad, sin embargo otras expresiones como la violencia familiar, la violencia psicológica en centros educativos, la violencia racial, sexual, de género y otros deben ser combatidos como parte del objetivo nacional por construir una sociedad más pacífica donde la vida y sueños de las personas no se vean truncados intempestivamente, y los padres y madres de familia duerman tranquilos sabiendo que sus hijos volverán a casa sanos y salvos.

[1] Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011 – 2017. Informe N° 6, Instituto Nacional de Estadística e Informática.