A la par de la crisis sanitaria que venimos enfrentando,  vemos también que  se están abriendo oportunidades de acuerdo a la magnitud de los desafíos que se presentan al país. Uno de ellos es la universalización de la inclusión financiera.  Con todo lo trágica que es la pandemia y las medidas de aislamiento social que exige, hemos visto largas colas en las entidades financieras para recibir el bono que fue otorgado por el Estado dirigido a familias vulnerables. Fue una medida necesaria y urgente pero nos ha mostrado una realidad, aún no existe un acceso universal al sistema financiero- en este caso – no poseer una cuenta de ahorros.

Aunque cada vez más ciudadanos (40%)  participan en el sistema financiero mediante una cuenta de ahorros o a través de los créditos,  aún existe en el país una población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros, situación que limita el desarrollo económico. Para el caso de la entrega del bono de 380 soles a las familias vulnerables, la mayoría de los beneficiarios se vieron en la necesidad de acudir a las entidades financieras, pues no tenían una cuenta de ahorros o una tarjeta de débito en donde disponer sus fondos. Y claro está que hay brechas tecnológicas que imposibilitan la  universalización financiera; un dato importante es  que el 90% de las transacciones del Perú se hacen en efectivo[1], por lo que es prioritaria una mayor competencia tecnológica y la necesidad de utilizar otros canales alternativos para disponer dinero en efectivo.

Una medida que aproxima el acceso de la población a los servicios financieros es la disponibilidad de puntos de atención como oficinas, ATMs (cajeros automáticos),  cajeros corresponsales (POS) y establecimientos de operaciones básicas. Al respecto, entre junio de 2014 y junio de 2019, el número de puntos de atención disponibles a nivel nacional se incrementó en 140 423, pasando de 313 a 960 puntos por cada 100 000 habitantes adultos según la SBS. Es un logro importante.

¿Qué se está haciendo desde el gobierno? Una medida es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, donde a través de uno de  sus cinco objetivos prioritarios  busca desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros. El acceso a la tecnología se muestra necesaria no solo para  una mayor inclusión financiera y su  universalización, sino también para la continuidad de programas sociales  orientados a la primera infancia y poblaciones vulnerables, que de momento no funcionan por las medidas de confinamiento.

Así, la universalización de la inclusión financiera de lograrse,  permitirá al  país, lograr el desarrollo económico y social de las poblaciones de menores ingresos y más vulnerables, mejorando sus condiciones de vida.  En todo caso, mientras culmina la pandemia, urge repensar las intervenciones de la política social de la mano con la tecnología.

 

[1] Trivelli Carolina, entrevista  Los Desafíos de la política social ante COVID-19,  3 de abril de 2020

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